El Partido Popular de Coslada ha pedido al Gobierno municipal del socialista Ángel Viveros que rechace la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno de la nación, liderado por Pedro Sánchez, a través de una moción presentada para su debate y aprobación en el Pleno ordinario del mes de mayo.
En el año 2022, se debatió y se aprobó en las Cortes Generales un Proyecto de Ley impulsado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos relativo a la gestión de “residuos y suelos contaminados para una economía circular”. Un texto que obliga a todas las entidades locales, sin excepción, a establecer una tasa de basuras. Concretamente, en el artículo 11 se impone que “las entidades locales lo establecerán en el plazo de tres años”.
El portavoz popular, Paco Becerra, ha recordado que “fue un gobierno del Partido Popular quien, en el mandato del 2003-2007, eliminó esta tasa impuesta por el anterior gobierno socialista en Coslada. Fue un compromiso electoral con los vecinos y que cumplimos inmediatamente porque entendimos que la antigua Contribución Urbana y la Tasa de Basura se fusionaron en la creación de un nuevo tributo; el Impuesto de Bienes Inmuebles. Se les estaba obligando a pagar por doble partida la recogida y tratamiento de los residuos urbanos. Una medida que ha permitido ahorrar miles de euros a los vecinos”.
Además, ha criticado que “resulta profundamente injusto que el Gobierno de la nación imponga un único modelo de financiación, sin discriminar entre administraciones locales con suficiencia económica y superávit en sus cuentas públicas frente a las que tengan problemas financieros. Obligar a todas las administraciones a aplicar una nueva tasa a sus vecinos supone un grave ataque a la libertad y la autonomía de gestión de las entidades locales”.
La imposición del Gobierno de Pedro Sánchez de cobrar una tasa de basuras a todos los vecinos que cubra el 100% del coste real y efectivo de la recogida, transporte y tratamiento de residuos supondría hoy un pago equivalente al 10% de la cuota del IBI, sabiendo que ese coste se irá incrementando gradualmente cada año.
“El Ayuntamiento de Coslada sufraga la gestión y tratamiento de residuos con ingresos ordinarios. No tenemos necesidad de recurrir a un copago, vía tasa pública, que duplique la imposición fiscal de los vecinos y reduzca su capacidad de ahorro dado que el Ayuntamiento presenta suficiencia financiera en la prestación de sus servicios”, ha afirmado Becerra.
También, ha señalado “la necesidad de impulsar políticas eficaces para promover la economía circular en el ámbito doméstico. El coste que supone para el Ayuntamiento de Coslada la gestión de los residuos urbanos domésticos ha rondado en 2023 casi tres millones de euros, mientras que los ingresos procedentes de la venta de productos reciclados no llegan a los cuatrocientos mil euros, a pesar de que Coslada es una ciudad comprometida con el medio ambiente”.
En definitiva, el portavoz popular se ha preguntado “si el Gobierno de Viveros, Más Madrid y Podemos-IU van a subir los impuestos a los vecinos, otra vez, o si, por el contrario, si va a seguir prestando este servicio de competencia municipal como se ha financiado hasta ahora, con los impuestos que ya estamos pagando los cosladeños. Desde el Partido Popular les pedimos que rechacen esta medida y defiendan por una vez a los ciudadanos”.
«Una vez más el PP falsea la realidad»
Fuentes del Ayuntamiento de Coslada han querido contestar a estas declaraciones, y acusan al PP de Coslada de «volver a mentir o, que quizá sea más grave, a falsear la realidad».
En primer lugar, indican que no es una tasa del Gobierno central, sino una transposición de una directiva europea, por lo tanto, de obligado cumplimiento.
«La moratoria para su implantación es 2025 y el Ayuntamiento de Coslada, gracias a la solvencia económica que otorga el no tener deuda y sí superávit, no la implantará hasta el final, a diferencia de otras localidades de España, Madrid e, incluso, el Corredor del Henares».
«La citada normativa europea se basa en el principio de que quien contamina paga. Juega el PP en la moción que presentará al pleno con medias verdades porque la tasa a la que se refiere y que presume de haber quitado en 2003, en realidad poco tiene que ver con esta. Aquella era para cubrir el coste de la retirada y el vertido; la actual va más allá porque ahora mismo los residuos tienen que ser sometidos a un procedimiento de tratamiento (de ahí la nueva planta de Loeches), algo que debería saber el portavoz del PP».
«Y por si quedan dudas acerca del titular de la nota de prensa del PP de Coslada y de la imposición mentirosa que llega del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, basta echar un vistazo al Bolentin Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del miércoles 24 de abril de 2024 sobre la Ley 1/2024 de 17 de abril de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, en cuyo preámbulo se explica claramente cómo se ha llegado a la actualidad a través de la nueva normativa europea», indican fuentes municipales.
La LEY 112024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, indica que durante los años 2018 y 2019, la Unión Europea aprobó un conjunto de normas en materia de economía circular, entre las que cabe destacar la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos; la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos; la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases; y la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.
Asimismo, en diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el «Pacto Verde Europeo», reforzado posteriormente con la aprobación en 2020 del «Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular: por una Europa más limpia y más competitiva».
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