“El juicio contra mí, porque además para un medio de comunicación concreto parece que era el único investigado, no será el próximo mes de febrero. Y no lo será porque no habrá juicio”. De este modo comenzó su rueda de prensa ante los medios de comunicación el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, para explicar las últimas novedades en torno al llamado “de forma interesada” por parte de algunos medios y del Partido Popular ‘Caso Calvario’.
El pasado mes de junio estaba citado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares junto a los otros procesados con motivo del inicio del juicio oral por este asunto. Sin embargo, apenas unos días antes la jueza titular del mismo decidió modificar la apertura de juicio oral por otra sesión para resolver cuestiones previas. El cambio, como ha comentado hoy el regidor cosladeño “era importante y significativo porque suponía que la magistrada hacía caso a lo que, desde hace años, veníamos reclamando mi abogado y yo”.
El caso ha tenido un largo recorrido, y el alcalde aprovechó la comparecencia para relatar cronológicamente cómo se fueron desarrollando los acontecimientos que lo llevaron a estar imputado por prevaricación y destrucción de patrimonio. Viveros comenzó agradeciendo a los asistentes y confesó que esta rueda de prensa era algo que llevaba tiempo deseando realizar. “He sido muy respetuoso con los procedimientos, con los procesos y con los tiempos”, afirmó al inicio de su intervención.
Archivo definitivo sin posibilidad de recurso
Tras esa jornada, a principios de julio de 2024 (en concreto el día 4), tal y como estableció en un auto la misma jueza, se determinó “la declaración de nulidad de esas declaraciones de investigados por intempestivas y, por consiguiente” declaró “el sobreseimiento libre y archivo definitivo” de todas las actuaciones contra Ángel Viveros, señalando, además que “contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno”.
El origen del conflicto: 2007 y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana
Viveros contextualizó el inicio del caso en el año 2007, cuando el Partido Popular (PP) gobernaba en coalición en Coslada y aprobó, «de manera apresurada», una reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la zona conocida como El Plantío, lugar destinado a la construcción de un Corte Inglés. Según el alcalde, dicha modificación fue aprobada en un pleno celebrado el 14 de abril de 2007, a tan solo un mes de las elecciones municipales, lo que levantó suspicacias debido a la celeridad del proceso.
“El recinto ferial era una zona dotacional cultural y la Rambla era una zona comercial. Se hizo esa modificación en el Plan General en un tiempo récord, y se llevó a pleno un mes antes de las elecciones”, explicó Viveros, subrayando la rapidez con la que se procedió en esa ocasión, en contraste con la lentitud administrativa que caracterizaría los años siguientes.
El papel de Viveros en el caso
El alcalde recordó que él no era concejal en ese momento, ya que no entró a formar parte del Ayuntamiento hasta julio de 2007, tras un proceso de recursos electorales. “Yo no era concejal, yo era el candidato. Lo que llevábamos en nuestro programa electoral era modificar los usos de esos edificios”, explicó, desvinculándose del convenio inicial firmado por el PP, el cual incluía la permuta de terrenos.
No obstante, Viveros sí admitió haber firmado el segundo convenio en el año 2010, que afectaba únicamente a los usos de los edificios, no a la parte urbanística. “Nosotros firmamos el segundo convenio, que no aceptaba nada de la parte urbanística, solo afectaba a los usos”, aclaró. Para llevar a cabo esta modificación, el Ayuntamiento tuvo que obtener la autorización de la Comunidad de Madrid, que tardó tres años en concederla, lo que retrasó la concesión de la licencia de excavación hasta diciembre de 2010.
Las acusaciones y el proceso judicial
El punto álgido del caso llegó en 2014, cuando, según relató el alcalde, la Comunidad de Madrid advirtió la falta de un informe de patrimonio que, supuestamente, debía haber sido presentado tanto durante la aprobación inicial del Plan General como en la concesión de la licencia. Esta ausencia de documentación desencadenó una investigación de la Fiscalía, que abrió diligencias en 2014 y, aunque inicialmente archivó el caso, fue reabierto en 2017 desde los juzgados de Coslada tras una nueva denuncia.
Como consecuencia, la jueza decide considerar investigados a todos los miembros de la Junta de Gobierno que en 2010 (ya con Ángel Viveros como alcalde), dio el visto bueno a la licencia de obras correspondiente, entre ellos también al exalcalde y portavoz del PP que formaba parte de la Junta de Gobierno. “No hay que olvidar que este órgano es colegiado y solidario, es decir, todos los votos de los miembros valen lo mismo, de ahí que todos pasásemos a situación de investigados”, ha indicado hoy el alcalde cosladeño.
Precisamente, el segundo momento destacable es cuando la jueza de la sede de Coslada, decide mantener solo la calificación de investigados al alcalde, que en 2010 era concejal de Urbanismo y a dos funcionarios del Ayuntamiento. “Lo llamativo – ha recordado el regidor- es que, tal y como hicimos saber en su momento, ese órgano, la Junta de Gobierno, es colegiado y solidario”, según el Reglamento Orgánico Municipal y el Derecho Administrativo, por lo que todos sus miembros son responsables a partes iguales.
La resolución final: absolución y archivo del caso
El tercer momento clave se produce cuando la misma jueza, “probablemente al observar que la imputación inicial por un posible delito de destrucción de patrimonio no hay por donde cogerla y está a punto de prescribir”, adopta la medida de sumar al citado ilícito el de prevaricación administrativa, cuyos plazos de prescripción son mucho más amplios. Y esto siempre sin permitir al alcalde recurrir dicha acusación con su declaración, provocando una indefensión evidente, que luego ha recogido la jueza en su auto de julio.
Esto se hace “a pesar de la petición cursada por mi abogado de que me permitan defenderme a través de mi declaración, además de agregar la solicitud de toma en consideración del primer convenio entre el Ayuntamiento y El Corte Inglés de abril de 2007, un informe pericial y pruebas testificales, sino que directamente la jueza da curso para la apertura ya del juicio en la sede de Alcalá de Henares”.
En un primer momento, se establece como fecha principios de este año, aunque en dos ocasiones se aplaza por cuestiones relacionadas con los letrados de la defensa. Finalmente, se fija el 24 de junio el inicio del juicio oral.
El proceso judicial llegó a su fin con la resolución de la juez de Alcalá de Henares, quien determinó la vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento seguido contra Viveros. “La juez tardó dos días en ver lo que no habían visto durante seis años en Coslada”, indicó, haciendo referencia a la rapidez con la que la magistrada resolvió el recurso presentado por su defensa.
Sobreseimiento libre y archivo definitivo
La sentencia emitida establece el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de las actuaciones contra Viveros, una decisión contra la que no cabe recurso. “Yo he estado convencido, y sigo convencido, de que no he hecho nada ni irregular ni ilegal, ni me he lucrado”, declaró el alcalde, reivindicando su inocencia y asegurando que sus cuentas y patrimonio siempre han estado bajo el escrutinio público.
Aunque Viveros mostró satisfacción por el desenlace, también expresó su pesar por el desgaste sufrido a lo largo de estos años. “Contento porque tenía la plena seguridad de que esto iba a ocurrir, pero triste porque hemos tenido que llegar hasta aquí”, confesó, al tiempo que agradecía el apoyo incondicional de su familia y sus compañeros de partido.
«No le deseo a nadie que pase por este proceso»
Viveros se mostró crítico con la sucesión de errores administrativos y las decisiones judiciales que alargaron el proceso. «Ha sido un cúmulo de errores que uno, no sé cómo pensarlo, pero en las casualidades no creo», afirmó. Asimismo, denunció que los tiempos judiciales coincidían curiosamente con los periodos electorales, lo que, según él, alimentaba la especulación mediática y perjudicaba su imagen y la de su partido. “Cada periodo electoral, 2019 y 2023, casualmente, se filtraban actuaciones como que me imputaban o que me procesaban”, señaló.
El alcalde también destacó el desgaste personal que supuso el proceso. “Somos personas, tenemos sentimientos, tenemos familia. Y no le deseo a nadie que pase por este proceso tan largo”, confesó, visiblemente afectado por los seis años de incertidumbre. En este sentido, lamentó que su honor y dignidad se vieran comprometidos, no solo a nivel personal, sino también ante la ciudadanía de Coslada, lo que pudo haber afectado a su apoyo electoral.
Durante la rueda de prensa, el alcalde no eludió el impacto político que este caso ha tenido en su carrera y en la imagen de su partido. Aunque no pidió las disculpas que cree le debe la oposición, criticó duramente las maniobras del Partido Popular, al que acusó de haber utilizado el caso de manera oportunista en los periodos electorales. “Hay que ver cómo utilizamos las miserias por ganar un puñado de votos”, sentenció.
Viveros concluyó su intervención reafirmando su compromiso con la transparencia y la justicia. Tras la absolución, el alcalde se mostró dispuesto a seguir trabajando por Coslada y dejó claro que no permitiría que este caso empañara su legado político. “No me he rendido nunca, no me he resignado nunca, porque la gente se merece siempre saber y conocer la verdad”, concluyó.
Esta rueda de prensa marca el cierre de un capítulo difícil en la carrera de Viveros, quien, tras seis años de acusaciones y batallas judiciales, se ve finalmente libre de toda culpa.
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