El desalojo inmediato o en las 24 horas siguientes, así como la recuperación del delito de usurpación, la imposibilidad de empadronarse y el endurecimiento de las penas son algunas de las medidas expuestas en la moción registrada por los populares de cara al próximo Pleno Ordinario de septiembre.
Con ella, el PP de Coslada pretende luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.
Esta moción viene determinada por la alarma generada en los últimos años con el aumento de casos por allanamiento u ocupación a domicilios, según fuentes del Ministerio del Interior.
«Estas ocupaciones se hacen más acuciantes en periodo estival, cuando los domicilios se encuentran cerrados por las vacaciones familiares. Es un clamor la preocupación ciudadana a la vuelta de los días de esparcimiento veraniegos por saber si su vivienda se encuentra en las mismas condiciones que como se dejó, ya sea a causa de ocupación o de robos», señalan desde la formación política.
En palabras del portavoz popular, Francisco J. Becerra: «Desde el Grupo Popular siempre estaremos del lado de las familias, aportando ideas y soluciones frente a los problemas que los afectan. Es inaceptable que no podamos irnos tranquilos de vacaciones sin saber cómo vamos a encontrarnos nuestro hogar a la vuelta»
Y añade: «Desde el Partido Popular, como firmes defensores de la seguridad ciudadana, la convivencia y la defensa de los derechos de las personas, creemos que las medidas que está tomando el Gobierno de la Nación son claramente insuficientes. Por ese motivo, presentamos una batería de propuestas encaminadas a frenar este problema y aportar seguridad jurídica a los damnificados por el fenómeno de la ocupación».
Medidas ‘antiocupación’
Entre dichas medidas se encuentran el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinar beneficios y de endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas.
Así como deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que esta iniciativa responde. «A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos», argumentan los populares.
«El Partido Popular se toma muy en serio los problemas que afectan a la vida de la gente y asumimos nuestra responsabilidad aportando desde la oposición medidas e iniciativas beneficiosas para la sociedad. Necesitamos con urgencia un Gobierno serio que escuche las demandas de la ciudadanía», finalizan.
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