Con motivo del XXXIII Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que se celebra este 20 de noviembre, Red de Infancia y Adolescencia (RIA) manda una Declaración Conjunta de los municipios de la Red de Infancia y Adolescencia que reproducimos íntegramente a continuación:
Nos encontramos de nuevo ante la conmemoración del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de 1989 y lo hacemos reflexionando sobre el derecho a la protección, porque así nos lo pidieron nuestros niños, niñas y adolescentes en el último encuentro de órganos de participación de la Red Infancia y Adolescencia celebrado el pasado mes de mayo en Fuenlabrada, donde participaron con toda la ilusión y la alegría recuperadas tras las limitaciones y dificultades causadas por la pandemia en los dos últimos años.
En aquel encuentro expresaron la importancia vital que otorgan a sentirse protegidos y protegidas: les asusta vivir en un mundo donde siempre hay alguna guerra, donde el medio ambiente se deteriora a pasos agigantados, donde muchos niños y niñas no tienen cubiertas sus necesidades básicas, un mundo en el que los medios de comunicación parece que solo nos muestran la desesperanza.
Les preocupa el acoso, la violencia, las múltiples amenazas que sobrevuelan sobre cualquier condición, individual o colectiva, diferente. Han empezado a ser conscientes de la importancia de tener una buena salud mental y sienten frustración ante la indefensión que genera que no se les tenga en cuenta para aquello que les atañe directamente. Porque quieren formar parte de los procesos en los que se toman decisiones que les afectan a ellos y a ellas directamente. Porque saben, cada vez más, que es su derecho.
De sobra sabemos que la infancia y la adolescencia son etapas de la vida en las cuales el ser humano es más vulnerable, dado que aún no ha acabado de desarrollarse ni física ni mentalmente. De ahí mana la necesidad de una atención y una protección especiales, principalmente en cualquier situación de emergencia, pues es ahí donde son más vulnerables, ya que tienen mayor riesgo de sufrir discriminación, maltrato, abuso sexual y explotación.
Desde el ámbito local conocemos bien la importancia de desarrollar políticas públicas encaminadas a proteger y promocionar a la infancia y la adolescencia. Llevamos muchos años avanzando en esta materia y dedicando esfuerzos para que nuestras ciudades sean espacios amigables y protectores. El camino en el que debemos seguir avanzando juntos ahora es el de la escucha y el diálogo con nuestros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva su incorporación a los procesos del progreso de nuestros municipios.
El ordenamiento jurídico español va avanzando en la actualización y mejora del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Pero esta protección no es únicamente responsabilidad del Estado: las comunidades y las familias también tienen sus deberes. Como gobiernos locales nos corresponde desarrollar políticas locales orientadas a procurar entornos (municipios) adecuados y protectores de nuestra infancia: poniendo a su disposición recursos de atención a la infancia, potenciando la atención preventiva, ofreciendo recursos de intervención y de ayuda cada vez que haga falta, apoyando y formando a las familias en su tarea educadora y cuidadora ofreciendo programas de ayuda hacia la maternidad y la paternidad responsables, desarrollando acciones que incrementen los factores de protección, trabajando desde una perspectiva transversal, con actuaciones globales. Porque un niño o una niña es un ser único, y lo es siempre en un contexto determinado, y el riesgo lo produce esa situación en la que le toca vivir, ya sea su familia, sea su barrio, sea su municipio.
El principio del interés superior de la infancia es el principio rector que nos debe guiar; tiene por objetivo la promoción y garantía del bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes y nos marca la hoja de ruta de la protección:
• Debemos garantizar el bienestar físico: asegurar la buena salud y el buen desarrollo de la infancia.
• Debemos garantizar el bienestar mental: ofrecer a la infancia la posibilidad de desarrollarse intelectualmente.
• Debemos garantizar el bienestar social: asegurar a niños, niñas y adolescentes la posibilidad de realizarse social y espiritualmente.
Por tanto, tenemos dos retos a lograr:
1. Evitar la invisibilidad de la violencia dirigida hacia los niños y niñas. Como personas adultas, tenemos la responsabilidad de evitar la normalización de las situaciones en que se vea mermado el buen trato hacia la infancia. Es necesario sensibilizar a la ciudadanía en la importancia y necesidad de la prevención de la violencia hacia la infancia.
2. Garantizar que toda la infancia y la adolescencia conozca sus derechos y tenga a su alcance las herramientas y recursos necesarios que les permita reivindicar o poner en conocimiento de quien corresponda, que no están siendo bien tratados o que sus derechos no están siendo cumplidos. La mejor estrategia para proteger a la infancia y la adolescencia pasa también por proteger sus derechos y por dotarles de las capacidades y habilidades necesarias para su propia autoprotección.
Por todo ello, los municipios integrantes de esta Red, ratifican públicamente su compromiso de impulso y desarrollo de políticas públicas y experiencias de interacción en los ámbitos familiar, comunitario y social que contribuyan a mejorar la estrategia de protección a nuestra infancia y nuestra adolescencia dentro del marco global de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este compromiso va a ir acompañado del favorecimiento e impulso de procesos de diálogo con los niños, niñas y adolescentes de nuestra localidad y de su inclusión y la de su cuidado emocional en el centro de nuestras políticas, para lograr que nuestros municipios sean entornos que les hagan sentirse personas protegidas, libres y escuchadas.
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